La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia, a cargo del juez Pepe, a pedido de la Fiscalía de Estado. El procedimiento requiere la intervención de Prefectura para permitir el ingreso del personal de la Secretaría de Ambiente.
Según informó Resumen Policial, la medida llega después de cuatro bloqueos atribuidos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que habrían impedido el acceso de los inspectores para realizar auditorías vinculadas al manejo de residuos peligrosos.
El puerto está categorizado como Generador de Residuos Peligrosos Categoría I. Por eso, la Provincia busca verificar las condiciones de almacenamiento, la trazabilidad de los residuos, posibles derrames y el estado de las obras que podrían tener contacto con el agua, además de los sistemas de drenaje pluvial.
Uno de los puntos que genera interrogantes son los residuos consignados en un informe de 2025, cuyo retiro debía concretarse en enero de 2026.
La inspección abarcará el muelle comercial, el de catamaranes, la plazoleta fiscal, el sector de relleno, el taller mecánico, áreas vinculadas al recurso hídrico, obras de infraestructura y drenajes pluviales.
La pregunta es inevitable: ¿por qué hubo que recurrir a la Justicia para garantizar una inspección ambiental?
En un puerto estratégico para Ushuaia, el control sobre los residuos peligrosos y la protección del ambiente no deberían convertirse en una pulseada entre organismos.
Fuente: Resumen Policial.
