El tema contrasta con las declaraciones de la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi durante el encuentro “Líderes del Fin del Mundo”, donde destacó la importancia de atraer inversiones privadas y construir una agenda común para el desarrollo de Ushuaia.
Sin embargo, detrás de ese discurso aparece una preocupación concreta: el futuro laboral de los trabajadores de la Cooperativa La Unión, cuyas fuentes de trabajo podrían verse afectadas si el nuevo esquema desplaza las funciones que actualmente desempeñan.
Desde la Cámara de Comercio, Daniel González planteó la necesidad de revisar el estacionamiento medido y recordó que la entidad presentó una propuesta tecnológica para mejorar los controles. Pero modernizar un servicio público no es lo mismo que transferir el cobro de su uso.
El Municipio debe explicar qué beneficios concretos obtendrían los usuarios, quién administraría la recaudación y qué garantías laborales existirían para los trabajadores involucrados.
La pregunta política es inevitable: si no se acreditan mejoras en el servicio, ¿cuál es el interés público que justifica el cambio?
El estacionamiento en la vía pública involucra recursos y espacios de toda la comunidad. Cualquier modificación debe ser transparente, estar debidamente fundamentada y evitar que los trabajadores terminen pagando las consecuencias de un acuerdo cuyos términos todavía no se conocen públicamente.
