La iniciativa reconoce un desequilibrio estructural, deudas acumuladas y problemas de liquidez, y propone cambios en beneficios, nuevas fuentes de financiamiento y un plan para regularizar obligaciones pendientes.
Uno de los principales focos es el régimen compensatorio de los policías del ex Territorio: actualmente cuenta con solo 2 aportantes activos frente a 541 beneficiarios. Según la Caja, el desequilibrio se profundizó desde 2010 al incorporarse suplementos sin nuevas fuentes de financiamiento.
La situación afecta a unos 540 retirados, que reclaman pagos incompletos del haber compensatorio desde 2025. Los atrasos llegarían a 15 meses y la deuda fue estimada en abril en unos $6.600 millones.
Entre las medidas propuestas, durante la emergencia el haber compensatorio se calcularía exclusivamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable, excluyendo otros adicionales.
El proyecto también plantea crear un Fondo de Emergencia, al que se destinaría parte de recursos actualmente asignados al Fondo Asistencia Activación Económica TDF, además de modificar la distribución de determinados ingresos tributarios y eliminar algunas exenciones de Ingresos Brutos al sector financiero.
Para las prestaciones adeudadas, la Caja tendría 90 días para presentar un plan de regularización de hasta 36 meses. Quienes adhieran deberían renunciar a iniciar nuevas demandas o desistir de las que estén en trámite por esas obligaciones.
Además, los retirados provinciales realizarían un aporte extraordinario del 3%, mientras que los aumentos del personal activo se trasladarían a sus haberes con dos meses de demora.
Un comité técnico tendrá diez meses para elaborar una reforma integral, realizar un nuevo estudio actuarial y proyectar la situación financiera del sistema durante los próximos diez años.
