La Administración General de Puertos reconoció la incorporación de 20 personas como funcionarios y otras ocho bajo contratos de servicios, todas afectadas a la terminal fueguina. Entre los nombres mencionados aparecen Fernando Ariel Polizzi, proveniente del PAMI, y Juan Andrés Avellaneda, con remuneraciones que, según el medio, rondarían los $10 millones mensuales.
Sin embargo, las planillas oficiales entregadas mantienen ocultos los importes salariales, por lo que no se puede conocer el costo individual ni el gasto total de esta nueva estructura.
CONTRATACIONES Y SERVICIOS QUE YA EXISTÍAN
La documentación también revela una contratación con Depósitos Fiscales Australes S.A. por US$125.400 para operaciones de carga y descarga de contenedores, ampliada posteriormente por otros US$43.800. En total, US$169.200.
Además, se informó una contratación de vigilancia privada por $500.784.740, pese a que el puerto ya contaba con personal provincial que realizaba tareas de seguridad.
El medio advierte que, mientras trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos continúan vinculados al organismo y apartados de sus funciones habituales, la intervención incorporó nuevos empleados y tercerizó prestaciones.
LA PREGUNTA SOBRE LOS GASTOS
La información vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: cuánto cuesta sostener la intervención nacional y por qué se incorporaron nuevos recursos humanos y servicios privados para actividades que ya formaban parte del funcionamiento habitual del puerto.
Por ahora, la documentación expone las incorporaciones y contrataciones informadas, pero también deja sin transparentar parte de los costos salariales.
