El cuestionamiento quedó plasmado en el expediente E-194-2026, iniciado a partir de una presentación del empleado portuario Juan Luis Benzo. Tras revisar la documentación, se elaboró un proyecto de resolución para rechazar el reconocimiento institucional del sindicato por considerar que no acreditó las facultades que invoca.

Según los informes de las áreas provinciales de Trabajo y Asuntos Gremiales, la inscripción de UPSF reconoce representación sobre personal jerárquico y profesional de empresas ferroviarias. Aunque en 2024 amplió su ámbito territorial a todo el país, no incorporó expresamente la actividad portuaria.

Tampoco se habría acreditado la constitución de la denominada Seccional Normalizadora Puertos Ushuaia Tierra del Fuego ni las facultades institucionales para actuar ante el organismo.

Pero el dato que genera interrogantes es otro: UPSF venía desarrollando actividad dentro del puerto sin que trascendieran objeciones formales de las anteriores conducciones de la Dirección Provincial de Puertos.

La revisión llegó después de la intervención nacional y tras la presentación de un trabajador del organismo.

Ahora la Provincia deberá explicar qué controles realizó durante esos años, qué documentación exigió y bajo qué condiciones mantuvo relaciones institucionales con el sindicato.

La polémica también alcanza a Juan Andrés Avellaneda, referente fueguino de UPSF, quien adquirió protagonismo con la llegada de Nación y participó de las denuncias que precedieron a la intervención del 21 de enero.

Mientras la Provincia reclama recuperar el control del puerto, su propia administración pone en duda la representación de un gremio que ya tenía presencia en la terminal.