La medida quedó establecida mediante la Resolución 220/2026 de la Secretaría Legal de Gobierno y surge de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas tras una auditoría al régimen.

El organismo de control había advertido que la falta de reglas y procedimientos claros dificultaba detectar posibles incumplimientos, omisiones, perjuicios fiscales y responsabilidades administrativas.

El plan contempla tres ejes principales:

🔹 Reglamentación del RUPE: definición de competencias, responsabilidades, altas, bajas, controles y plazos.

🔹 Control de las pensiones: revisión de documentación, requisitos de acceso, periodicidad de las verificaciones y situación económica de los beneficiarios.

🔹 Deudas sanitarias: creación de un circuito para facturar, validar, registrar, reclamar y eventualmente ejecutar judicialmente las acreencias.

Participarán el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, el Ministerio de Salud y la OSEF. La coordinación quedó a cargo de la abogada Natalia Daniela del Moral Bastia.

Sin embargo, la resolución aclara que este plan no significa que las irregularidades detectadas ya estén solucionadas. Tampoco modifica el régimen, suspende beneficios, ordena reintegros ni inicia sumarios: por ahora, busca elaborar propuestas para que luego sean evaluadas y aprobadas por las autoridades correspondientes.

Hay otro dato que genera interrogantes: el Tribunal de Cuentas había exigido presentar el plan dentro de los diez días corridos de la notificación, recibida el 21 de agosto. Sin embargo, la resolución que lo aprobó está fechada el 21 de octubre.

La revisión ya tiene un plazo de trabajo. Ahora resta saber qué cambios concretos surgirán de las observaciones del organismo de control.