Carlos Margalot, secretario de Finanzas de ATE Río Grande, sostuvo que los reclamos públicos y las reuniones no alcanzan si la Justicia no toma una decisión. “Si la Justicia no se expide de una manera rápida, esto va a seguir de la misma manera”, advirtió.
El dirigente cuestionó los argumentos vinculados a presuntos desvíos de fondos que motivaron la intervención y afirmó que, según su postura, esas acusaciones no fueron comprobadas. También reclamó restablecer la estructura de la Dirección Provincial de Puertos, con sus autoridades y organización anteriores.
LA PREOCUPACIÓN POR LOS TRABAJADORES
Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación de alrededor de un centenar de trabajadores afectados por el conflicto. Mientras algunos continúan desempeñándose en la terminal, otros permanecen fuera de sus tareas habituales y sus salarios son afrontados por el Gobierno provincial.
Margalot advirtió que no hay certezas sobre qué ocurrirá con esos empleados durante 2027 y reclamó proteger sus ingresos mientras se resuelve la disputa por la administración portuaria.
“Podemos estar uno o dos meses metidos dentro de lo que es el puerto, pero va a seguir intervenido igual”, sostuvo al considerar que las protestas, por sí solas, no modificarán la situación sin una decisión judicial.
Desde ATE también anticiparon una reunión provincial durante esta semana para evaluar nuevas acciones legales que acompañen la demanda presentada por el Gobierno fueguino y definir posibles medidas de protesta.
La intervención nacional se mantiene desde enero. Por ahora, la restitución del puerto a la Provincia continúa pendiente de una definición judicial.
