El proyecto conserva la estructura impulsada por el Gobierno, aunque modifica el reparto de los recursos. Y uno de los cambios más significativos es que se elimina el aporte del 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos que el Ejecutivo pretendía separar antes de distribuir la coparticipación municipal.
Es decir, ese dinero ya no se destinaría al fondo educativo por esa vía.
También cambia el destino del gravamen del 3,4% sobre la distribución de gas: el 60% irá a redes y conexiones domiciliarias, mientras que el 40% se reservará para infraestructura educativa. Pero ese cobro podría desaparecer si se autoriza trasladar el costo a los usuarios.
¿Y LOS SALARIOS DOCENTES?
El nuevo esquema propone distribuir el fondo educativo en un 40% para salarios, otro 40% para infraestructura y un 20% para equipamiento. El proyecto original reservaba como mínimo el 50% para salarios.
Sin embargo, tampoco establece un aumento salarial concreto: habla de una mejora progresiva del cargo docente de referencia.
El dictamen suma observatorios, informes trimestrales e indicadores públicos. Más controles sobre el papel, pero las metas podrán postergarse si cae la economía, la recaudación o la coparticipación.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo se garantizará el financiamiento prometido si una parte importante de los recursos todavía depende de ingresos futuros o inciertos?
El dictamen será llevado a una sesión especial el próximo lunes 2 de noviembre, en medio de la disputa política por el tratamiento del proyecto.
