Un pedido formal por mal desempeño presentado por policías retirados territoriales cumplió casi dos semanas en la Legislatura provincial sin registrar avances institucionales. La inacción del parlamento local mantiene frenado el procedimiento constitucional, mientras cerca de 540 familias denuncian un agudizamiento en la crisis del sistema previsional y la pérdida de prestaciones básicas médica e higiénica.
El reclamo lleva la firma de los retirados Daniel Torales, Alfredo Gatti y Jorge Herrera, quienes impulsaron la denuncia el pasado 3 de septiembre. Los acusadores fundamentan el pedido de juicio político en el presunto mal desempeño de las funciones del gobernador Gustavo Melella, señalando incumplimientos severos caracterizados por el retraso continuado en los haberes previsionales, deudas acumuladas y fallas estructurales en la cobertura de salud para los beneficiarios.
Un entramado institucional sin actividad
La parálisis legislativa responde a la falta de convocatoria de la Sala Acusadora, cuerpo que debe conformarse para iniciar el proceso formal. Dicha sala se encuentra compuesta por los parlamentarios Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto, Federico Greve, Raúl Von der Thusen, Damián Löffler, Natalia Gracianía y María Laura Colazo.
De este grupo de siete integrantes deben ser sorteados o designados tres legisladores para conformar la Comisión Investigadora, órgano encargado de instruir y analizar la veracidad del escrito acusatorio.
El punto crítico del procedimiento radica en los plazos normativos: la comisión dispone de un período estricto de 30 días hábiles para emitir un dictamen definitivo. Sin embargo, este plazo constitucional se encuentra congelado debido a que la cuenta regresiva únicamente inicia una vez que la Comisión Investigadora toma posesión formal del expediente.
Mecanismo de sanción y próximos pasos
El proceso estipulado requiere de una serie de pasos institucionales obligatorios para definir el destino de la presentación:
Evaluación e instrucción: La Comisión Investigadora analiza los elementos probatorios del reclamo y emite un dictamen sugiriendo la desestimación o la continuidad del trámite.
Votación de la Sala Acusadora: En caso de que el dictamen recomiende dar curso al proceso, el cuerpo parlamentario requerirá una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros para formular formalmente la acusación.
Traspaso a la Sala Juzgadora: De prosperar la votación, el expediente pasa al tribunal encargado del juzgamiento definitivo, integrado por los legisladores Federico Sciurano, Myriam Martínez, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Luciano Selzer, Gisela Dos Santos, Matías Lapadula y Tomás García.
A la fecha, el expediente permanece archivado en mesa de entrada a la espera de que los integrantes de la Sala Acusadora fijen fecha de reunión para dar inicio formal al trámite legislativo.
