La reciente entrada en vigencia del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil abrió un complejo debate sobre la capacidad operativa de las provincias para garantizar su aplicación. Desde la capital fueguina, el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ernesto “Nené” Löffler, respaldó el espíritu evolutivo de la reforma, pero encendió las alarmas sobre el impacto financiero e institucional que acarreará para Tierra del Fuego.

​“La ley es muy buena, marca una evolución, pero ¿cómo lo pagamos? Nos siguen poniendo responsabilidades sin darnos los recursos y eso desnaturaliza el federalismo”, enfatizó el magistrado.

​Los 5 desafíos clave para la provincia

​El magistrado detalló los principales obstáculos normativos y logísticos que la jurisdicción debe resolver a corto plazo:

​Creación de estructura judicial especializada: La norma exige la designación de jueces, fiscales, defensores de víctimas, defensores de menores y supervisores con capacitación específica en materia penal juvenil.

​El dilema presupuestario: Actualmente, los delitos de esta índole son juzgados por tribunales colegiados ad hoc. El STJ evalúa si se reestructurará hacia un tribunal único (unipersonal o colegiado), en un contexto de estrechez fiscal del Poder Judicial fueguino.

​Alojamiento diferenciado y traba constitucional: Los menores no pueden compartir espacio con adultos privados de la libertad. La provincia carece de establecimientos aptos y enfrenta un impedimento legal: la Constitución fueguina exige que las penas se cumplan dentro del territorio provincial, imposibilitando el traslado de jóvenes a centros especializados de otras provincias mediante convenios.

​Exigencia del sistema acusatorio: La ley nacional impone el modelo procesal acusatorio adversarial, mientras que el Código Procesal Penal de Tierra del Fuego mantiene un esquema mixto, lo que demandará una reforma procesal integral.

​Reclamación a Nación: Löffler instó a que la transferencia de competencias del Gobierno Nacional hacia las provincias sea acompañada por los fondos correspondientes, comparando la situación con anteriores traspasos en materia de salud, educación y narcomenudeo.