Según precisó el secretario General Adjunto de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Matías Taborda, los empleados del sector arrastran una pérdida acumulada de entre el 30% y el 35% desde 2024, a la que se suma un atraso adicional de entre el 6% y el 7% en lo que va de 2026.
Las acciones sindicales comenzaron este miércoles con manifestaciones sonoras en los pasillos de las distintas dependencias judiciales provinciales, bajo la modalidad de "ruidazo". El plan de acción tendrá su punto decisivo el viernes 25 de septiembre con la concreción de una huelga por 24 horas que ya se encuentra decretada.
Los ejes centrales del conflicto
Pérdida de poder adquisitivo: Más de la mitad del escalafón de empleados percibe haberes que no alcanzan a cubrir la canasta básica de Tierra del Fuego. El haber de ingreso ronda actualmente los 1,8 millones de pesos.
Falta de paritarias y convenio colectivo: El sector carece de un convenio colectivo de trabajo y de paritarias convencionales. Sus ajustes dependen de la asignación presupuestaria provincial.
Dependencia del Ejecutivo: Debido a la reconducción del presupuesto durante 2026, el Poder Judicial debe solicitar transferencias de partidas mes a mes al Poder Ejecutivo, afectando su autonomía financiera y la definición de incrementos salariales.
Alcance de la medida: La protesta afecta de manera exclusiva a la Justicia provincial fueguina. La Justicia Federal, aunque representada por el mismo gremio a nivel nacional, posee una agenda presupuestaria e itinerario de reclamos independiente.
Expectativa centrada en la reunión del Superior Tribunal
La continuidad o suspensión de la huelga del viernes dependerá del resultado de la reunión de acuerdo de ministros del Superior Tribunal de Justicia programada para este jueves 24. El gremio aguarda que el cuerpo trate la recomposición salarial correspondiente al mes actual y formalice una oferta concreta.
