La jueza federal Mariel Borutto resolvió además que Tierra del Fuego podrá intervenir en la causa, aunque no como parte autónoma, sino como tercero coadyuvante. En cambio, rechazó incorporar formalmente al Estado Nacional al expediente.

⚖️ ¿QUÉ PODRÁ HACER LA PROVINCIA?

El Gobierno fueguino había solicitado participar con facultades procesales equivalentes a las de las asociaciones demandantes, invocando sus competencias sobre los recursos naturales y la protección ambiental.

Sin embargo, la magistrada consideró que la Provincia no presentó una posición diferenciada que justificara actuar de manera independiente, ya que comparte el objetivo de prevenir posibles daños ambientales planteado por las organizaciones.

Con la figura de tercero coadyuvante, Tierra del Fuego podrá presentar argumentos, aportar información y promover pruebas, pero no podrá sumar reclamos propios ni modificar el objeto original de la demanda.

🏛️ POR QUÉ NO INCORPORARON AL ESTADO NACIONAL

La jueza entendió que, por el momento, no se acreditó una necesidad concreta para que el Estado Nacional se convierta en parte del proceso. También señaló que distintos organismos nacionales ya fueron requeridos para aportar informes sobre cuestiones ambientales, energéticas y diplomáticas.

La decisión no cierra definitivamente esa posibilidad, ya que podría revisarse si aparecen nuevos elementos en el expediente.

📌 LA CAUTELAR SIGUE VIGENTE

La medida había sido dictada el 16 de septiembre de 2026 y continuará en vigor mientras avanza la causa y se reúnen los elementos previstos para evaluar su alcance.

El expediente fue impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que cuestionan las actividades petroleras de ambas compañías en el territorio insular.

La causa continúa en trámite