La presentación fue promovida por el subcomisario Daniel Ariel Torales; el suboficial mayor Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente Jorge Alejandro Herrera, todos retirados de la fuerza policial territorial y directamente alcanzados por la problemática previsional denunciada públicamente hace por lo menos un año y medio.
“La presentación no se limita a reclamar por una diferencia de haberes ni pretende convertir a la Legislatura en un tribunal previsional”, admitieron los firmantes en una publicación que compartieron en redes sociales y que rápidamente se viralizó.
En ese sentido, expresaron que “lo que se pone bajo consideración del Poder Legislativo es una problemática institucional y previsional de carácter estructural, desarrollada durante años y que actualmente afecta en forma directa a retirados y pensionados provenientes de la Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego”.
“El escrito procura reconstruir y analizar la continuidad de decisiones, omisiones, advertencias oficiales, antecedentes administrativos, informes de organismos de control, leyes provinciales, resoluciones de la Caja y actuaciones judiciales, para determinar qué respuestas fueron adoptadas frente a una crisis que terminó afectando prestaciones de naturaleza alimentaria”, argumentaron.
Por otro lado, fundamentaron que “después de años de reclamos, informes, denuncias, advertencias de organismos de control, actuaciones judiciales y presentaciones institucionales, se ha llegado a una instancia distinta. Hoy el pedido de juicio político está formalmente en manos de la Legislatura provincial”.
“A partir de este momento, corresponde que cada legislador y cada bloque político asuma la responsabilidad institucional que le compete”, precisaron los firmantes y añadieron: “No se les está pidiendo que condenen anticipadamente a nadie; se les está pidiendo algo mucho más elemental en una República: que investiguen. Que requieran los expedientes. Que confronten las resoluciones con las leyes. Que determinen dónde fueron los aportes y contribuciones. Que analicen la trazabilidad de las decisiones. Que establezcan quién sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo frente a ese conocimiento”.
A su vez, los policías que firmaron el pedido de juicio político señalaron que “esperamos que, finalmente, determinen -con las garantías constitucionales correspondientes- si los hechos acreditados configuran o no mal desempeño en el ejercicio del cargo de gobernador”.
