Actualmente, el cobro en la entrada del Parque Nacional está a cargo del Municipio, mediante un convenio con la Administración de Parques Nacionales. El acuerdo establece que la Municipalidad recibe el 5% de lo recaudado como contraprestación por la gestión.

Pero, según la información que llegó a esta redacción, desde enero el servicio pasaría a manos de la empresa que tiene a su cargo el Cerro Martial. También se menciona que el porcentaje de cobro sería del 6% de lo recaudado.

¿QUIÉN SE QUEDA CON EL RESTO? ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS INGRESOS?

Hay otro interrogante que merece una explicación: si ese 6% corresponde únicamente a lo registrado, ¿qué controles se aplicarán sobre el total de los cobros y cómo se garantizará la transparencia de la recaudación?

🏔️ EL MARTIAL YA ESTUVO EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Hace apenas unos días, la concesión del Cerro Martial quedó en el centro de las críticas por el cobro de $20.000 por persona para caminar y recorrer sus senderos, bajo el concepto de Servicio de Seguridad al Visitante.

La medida generó cuestionamientos sobre el acceso a uno de los paisajes naturales más emblemáticos de Ushuaia.

Pero hay otro antecedente que tampoco pasa inadvertido: recordemos que se anunció la posibilidad de asfaltar la subida al Martial con fondos públicos, sin que la concesionaria tuviera que poner dinero de su bolsillo. Es decir, una inversión que beneficiaría el acceso a un emprendimiento privado, mientras los visitantes deben afrontar un nuevo cobro para recorrer la montaña.

⚓ UN MAPA DE CONCESIONES CADA VEZ MÁS AMPLIO

La firma ya aparece vinculada al Cerro Martial, presentó iniciativas relacionadas con Laguna Esmeralda y avanzó con una propuesta para la terminal de pasajeros de excursiones marítimas del puerto de Ushuaia.

Ahora, aparentemente, también se quedaría con la concesión del servicio de cobro en la entrada del Parque Nacional.

No se trata de cuestionar la participación privada por sí misma, sino de conocer las condiciones: quién cobra, cuánto recibe cada parte, qué obligaciones asume la empresa y qué mecanismos de fiscalización tendrá el Estado.

¿Quiénes se benefician con estos negocios y qué obtiene a cambio la comunidad fueguina? La pregunta merece respuestas claras, especialmente cuando están en juego espacios naturales que forman parte del patrimonio de todos.