Según explicó la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristofano, fueron dos los intentos de ingreso y en ambos casos las autoridades nacionales negaron el acceso.
Los controles buscan verificar la gestión y trazabilidad de residuos peligrosos descargados por los buques, además de fiscalizar obras e intervenciones que puedan afectar recursos hídricos, costas, drenajes y amarraderos.
Desde la Provincia sostienen que las competencias ambientales nacionales y provinciales pueden coexistir, mientras que la intervención nacional considera que su responsabilidad sobre la actividad portuaria alcanza el área intervenida.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los residuos que desembarcan los buques. La Provincia advierte que, sin poder ingresar al lugar de descarga, se dificulta verificar qué residuos fueron retirados, quién los recibió y cuándo fueron tratados.
Cristofano calificó el impedimento como “grave” y señaló que el Ministerio comenzó a documentar los rechazos y a elaborar informes sobre las áreas que podrían verse afectadas por la falta de fiscalización.
Tras las dos negativas, el Gobierno provincial analiza avanzar con actuaciones administrativas y eventualmente recurrir a la Justicia, aunque todavía no se definió una presentación judicial.
La funcionaria también advirtió que, si el conflicto continúa, podrían notificarse a prestadores que trabajan con residuos retirados del puerto. Por ahora, la Provincia continuará con el procedimiento administrativo y evaluará las próximas medidas.
