La Argentina anunció el 28 de septiembre que iniciaría el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de impedir la explotación hidrocarburífera del proyecto y evitar nuevos permisos sobre los recursos naturales de la plataforma continental que reclama.
Desde Londres, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que el Reino Unido respalda el desarrollo de los recursos naturales por parte de los habitantes de las islas y considera que las actividades hidrocarburíferas se realizan conforme a la legislación vigente y al derecho internacional.
La posición argentina es diferente: el Gobierno nacional sostiene que la explotación de hidrocarburos constituye una modificación unilateral de la situación mientras permanece abierta la disputa de soberanía y anunció que recurrirá a las instancias jurídicas correspondientes.
El proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene prevista su primera producción para 2028. El conflicto suma así una nueva dimensión jurídica a una disputa que involucra soberanía, recursos naturales y el futuro energético del Atlántico Sur.
Para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el tema adquiere especial relevancia por su vinculación directa con los espacios marítimos y los recursos cuya soberanía reclama la Argentina.
El rechazo británico al arbitraje abre ahora una nueva etapa de la disputa, que podría trasladarse a organismos internacionales especializados en derecho del mar.
