La resolución, firmada el 6 de noviembre, les ordena abstenerse de realizar capturas en aguas bajo jurisdicción argentina, incluyendo el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva hasta las 200 millas.
La prohibición alcanza la captura de especies, el procesamiento a bordo, los transbordos, las descargas y el inicio de nuevas temporadas de pesca o incorporación de embarcaciones.
Entre las compañías mencionadas figuran Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Rampesca y WOFCO, entre otras.
Además, las empresas deberán presentar declaraciones juradas y documentación sobre embarcaciones, licencias, capturas, contratos, destinos comerciales y participaciones societarias.
La causa fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que reclama una reparación ambiental y económica por la explotación pesquera que atribuye a operaciones sin autorización argentina.
Según la demanda, entre 1989 y 2025 se habrían extraído 4.101.131 toneladas de productos pesqueros. La fundación estima el perjuicio económico entre 12.351 y 26.465 millones de dólares, cifras que deberán ser probadas y eventualmente determinadas judicialmente.
¿QUÉ PASA CON LAS EMPRESAS ARGENTINAS?
La jueza no ordenó por ahora suspender su actividad ni caducar sus permisos. En cambio, solicitó información a las autoridades pesqueras sobre habilitaciones, cuotas y posibles vínculos con operadores de Malvinas.
La demanda menciona a varias firmas nacionales por presuntas relaciones comerciales o societarias con operadores de las islas. Esos señalamientos todavía deben ser acreditados.
La medida es provisoria y no constituye una sentencia definitiva sobre las responsabilidades de las empresas. Su cumplimiento dependerá de las notificaciones y los mecanismos judiciales correspondientes.
